El expediente de salida

Las fuentes de metadatos que la política de uso aceptable cubre se pueden consultar con la firma del responsable de seguridad, sin pedir permiso especial a nadie más. Una fuente que no está cubierta por la política no se mira aunque técnicamente se pueda, y una de contenido necesita otra función que responde por las consecuencias legales de leerla.

Lo que importa de un caso así es lo posterior a la fecha que lo origina, y de ello solo lo que va a un destino que no es de la empresa. Una subida hacia un servicio que la empresa contrató no es una fuga aunque se parezca, y una subida anterior a la renuncia pertenece a otro tramo de la historia.

Las cabeceras del correo dicen quién escribió, a qué dominio y cuántos adjuntos llevaba; no dicen qué contenían. Contar los correos de ese tipo no exige leer ninguno: se filtra por remitente, por la clase de dominio del destino, por si llevan adjuntos y por la fecha del hecho que se investiga.

La autorización de un caso es también un límite para quien investiga: lo que no cubre, no se hace, aunque el acceso técnico exista y aunque la intención sea buena. Una lectura fuera de alcance no solo vulnera a la persona, también contamina el expediente y puede dejar inservible lo que se obtenga por esa vía.

Un informe separa lo que los registros muestran, lo que se infiere de ellos y lo que se juzga, y llega a quien necesita saberlo sin adjetivos. Una afirmación sobre la intención de una persona necesita algo más que una subida o un correo; si ningún registro la sostiene, no es un hallazgo.