El marco legal y lo que guarda un teléfono

Un examen forense de un teléfono se apoya en una autorización escrita de quien puede darla, y no en que el equipo sea «de la empresa» ni en que alguien de sistemas tenga acceso. Según el caso, esa autorización es el consentimiento informado del titular, una política de uso de dispositivos corporativos que el titular aceptó, o la orden de una autoridad competente. Lo habitual en un entorno de empresa es una combinación: la política, el consentimiento firmado y un acta que fija el alcance.

En Colombia, además, los datos de una persona son datos personales: su tratamiento está regulado por la Ley 1581 de 2012, y entrar a un sistema informático sin autorización o por fuera de lo acordado es un delito tipificado (artículo 269A del Código Penal, agregado por la Ley 1273 de 2009). Esto no es un detalle burocrático: una prueba obtenida fuera de lo autorizado puede no servir y, además, comprometer a quien la obtuvo. Lo que sigue en este módulo ocurre siempre dentro de un acta como la que lees en esta sala. Y si el caso pasa a denuncia, decide la autoridad, no la empresa.

Un teléfono mezcla lo laboral y lo personal: mensajes de trabajo junto a fotos de la familia, correo corporativo junto a una aplicación del banco. El acta separa lo que se puede examinar de lo que no, y el inventario del equipo permite medir qué parte del contenido queda fuera. Lo excluido no se examina, no se copia «por si acaso» y no se incluye en el informe.

Abre el laboratorio, lee el acta y el inventario y fíjate en la columna que indica si cada categoría está cubierta. Entre las que no lo están, hay una con muchísimos más elementos que las demás.

Una autorización tiene fechas: antes de la primera y después de la última no hay permiso. Eso fija el calendario real del trabajo: cuántos días hay para examinar, informar y devolver el equipo. Contar bien los extremos importa, porque la fecha final es un último día de permiso, no el primero sin él.

La vigencia del acta se cuenta incluyendo el primer día y el último. Si el examen se alarga más allá, se pide una ampliación por escrito; no se sigue «mientras tanto».

Cada acta nombra a la persona que responde por la autorización. Es a quien se acude cuando surge una duda de alcance y quien firma una ampliación. También es a quien se reporta cualquier hallazgo que tenga que ver con lo excluido. Saber su nombre antes de empezar evita improvisar a las once de la noche.

Lee el acta y localiza a la persona responsable de la autorización, con su nombre y primer apellido.

A veces, antes de leer el acta, alguien ya miró. En el laboratorio hay una nota de un compañero que abrió la galería y vio algo personal que no tiene relación con el caso. Lo que se hace con eso es una decisión de método: no se divulga, no se copia, no se comenta con otros y no se vuelve a abrir esa parte; se escribe en el registro del caso qué se vio y qué se hizo, y se avisa a quien responde por la autorización.

Ocultarlo sería peor que haberlo visto: si luego sale a la luz, el problema ya no es la galería sino el silencio.