Contratación pública y autorizaciones

En Colombia, entrar a un sistema informático sin autorización, o ir más allá de lo autorizado, es un delito: el artículo 269A del Código Penal, que añadió la Ley 1273 de 2009. En un encargo público eso tiene una consecuencia práctica: la entidad solo puede autorizar pruebas sobre lo que es suyo o controla. Que la alcaldía use un sistema no la convierte en su dueña.

Muchos servicios ciudadanos se apoyan en terceros: un operador privado que recauda impuestos para varios municipios, una gobernación que administra el catastro, un proveedor de nube con sus propias reglas. Cada uno de esos sistemas necesita la autorización escrita de quien lo opera, y solo vale en lo que esa autorización diga.

Un contrato estatal se perfecciona cuando hay acuerdo escrito sobre objeto y precio, pero para ejecutarlo hacen falta más cosas: el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, tal como lo dejó la Ley 1150 de 2007, pide la garantía aprobada y la disponibilidad presupuestal, y en la práctica la entidad expide además el registro presupuestal antes de arrancar. Muchas entidades formalizan el arranque con un acta de inicio, y el contrato puede atar el plazo a ella.

Para el evaluador, esto define el primer día legítimo de trabajo. Una prueba hecha antes de que el contrato pueda ejecutarse no tiene respaldo, aunque la carta ya esté firmada. Lee el contrato y los hitos del expediente.

El anexo de alcance lista seis activos con su operador y el estado de la autorización. Tres son de la alcaldía y los cubre su carta. Los otros tres dependen de terceros, y cada uno está en una situación distinta: uno excluido desde el estudio previo, uno con una autorización parcial y uno con una solicitud que nunca tuvo respuesta.

Ahora cruza el anexo con la carta de Recaudos Achiras. Una autorización parcial es tan importante como una negativa: dice qué sí, y por exclusión, qué no. El ambiente que el operador sí autoriza tampoco figura en el anexo, así que antes de probarlo habría que incorporarlo por escrito.

En la contratación pública el supervisor hace el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del contrato (artículo 83 de la Ley 1474 de 2011), pero no es el dueño del alcance: este contrato exige que los cambios se hagan por escrito y los firme la ordenadora del gasto. Un correo con buena intención no reemplaza ni el acta de inicio ni la autorización de un tercero.