Datos de menores y consentimiento

Con datos de menores, la pregunta de diseño cambia: ya no es «qué podríamos guardar», sino «qué necesitamos para el servicio que se prometió». Cada dato debería poder contestar tres cosas: para qué se recoge, quién autorizó que se recoja y cuánto tiempo se conserva. Un dato sin finalidad es un riesgo sin beneficio.

El marco legal varía por país, y no lo decide el equipo técnico. Como ejemplo, en la Unión Europea el reglamento general de protección de datos (artículo 8) fija por defecto los 16 años como edad en la que una persona puede dar por sí misma su consentimiento a un servicio en línea, y deja a cada Estado bajarla hasta los 13. En Colombia, el artículo 7 de la Ley 1581 de 2012 pide que el tratamiento de datos de niños, niñas y adolescentes respete el carácter prevalente de sus derechos y prohíbe tratarlos, salvo los de naturaleza pública. Cómo se aplica eso a un servicio concreto es una decisión del asesor legal; lo que sí es del equipo técnico es que el sistema deje evidencia de la autorización.

Abre la tabla de campos. Cada fila trae su finalidad declarada y si hay autorización registrada. Un campo que se recoge sin finalidad declarada y sin autorización es el primero que hay que revisar, porque nadie en la empresa puede justificarlo ante un colegio o ante la autoridad.

La tabla de cuentas por cohorte da, para cada grado, cuántas cuentas están activas y cuántas tienen la autorización del acudiente cargada. Una cifra clara convierte «parece que faltan algunas» en una cantidad que se puede perseguir con un plazo. Suma, para todas las cohortes, las cuentas activas que no tienen autorización.

Cada proveedor que recibe datos de estudiantes es parte del tratamiento. Si no hay un contrato de encargo que diga qué puede hacer con ellos, la plataforma no puede prometer a los colegios qué pasa con esos datos. Mira la tabla de terceros y localiza el que recibe datos de menores sin ese contrato.

Con lo que has visto (un campo sin finalidad, 65 cuentas sin autorización y un tercero sin contrato), la plataforma tiene que decidir qué cambia en su próxima entrega. Se trata de reducir el daño con lo que ya existe, sin borrar a ciegas ni esconder el problema a los colegios.