Retiro del directorio antiguo

El retiro de un directorio se hace en fases, no de un golpe. Primero se aísla: se quita lo que no debe llegar a él, se bloquean las altas nuevas y se vigila cada intento de uso. Después se espera un periodo con alertas: si algo de verdad lo usaba y nadie lo había visto, aparecerá. Solo cuando ese periodo pasa sin sorpresas se retira.

Apagarlo de golpe es la forma más rápida de descubrir que una impresora de una sucursal o una cuenta de cobranza dependían de él. Y dejarlo encendido sin fecha tampoco es neutral: es una superficie de ataque que la empresa sigue pagando.

El mejor detector de lo que se olvidó es el propio directorio: sus registros muestran quién sigue validando contra él. En dependencias-restantes.txt cada consumidor trae sus inicios de sesión de los últimos 30 días. El que más inicios acumula es el que más duele apagar y el que más urge migrar: no hay que esperar al último día para enterarse.

Abre el archivo y busca el consumidor con más inicios en 30 días.

Apagar con cuentas habilitadas que no se migraron deja a sus titulares sin acceso. Las cuentas deshabilitadas no cuentan en esta medida: nadie las usa. Las habilitadas sin migrar son la lista de pendientes reales del apagado, y se resuelven una a una: se migran, o se justifica y se deshabilitan con la confirmación de su responsable.

Cuenta en cuentas-restantes.txt las cuentas habilitadas cuya migración sigue en «no».

Una lista de cierre vale tanto como la evidencia de cada punto. Un punto marcado como hecho debe traer su prueba: un acta, un acuse, un registro. Un «hecho» sin evidencia es una afirmación que nadie podrá verificar el día que se pregunte por qué se perdió una copia. Es el punto que menos parece un riesgo y el que más se repite en las auditorías de integración.

Revisa lista-de-cierre.txt y mira la columna de la evidencia de los puntos que dicen «hecho».

Apagar el directorio no significa borrar su historia. Se conserva una copia completa, que permite reconstruir qué cuenta tenía qué permiso en qué fecha, y los registros de seguridad, que sirven para una investigación posterior. Ambos se guardan el tiempo que fije la política de retención y se destruyen al vencer ese plazo, con constancia. La decisión de qué se conserva y por cuánto tiempo la toman quienes responden por seguridad, cumplimiento y asuntos legales; no el equipo técnico solo.